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BOLETIN NÚMERO DOS SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Avanza la movilización de campesinos y campesinas del Catatumbo

La movilización de pobladores del Catatumbo se fortalece. Más comunidades afectadas, se han sumado a la protesta que desde el 12 de Octubre se adelanta en la región, contra las políticas estatales, que las han sometido a condiciones de vida indignas y precarias y a su exterminio gradual.

El propósito es exigir de forma contundente a los gobiernos locales, departamental y nacional, la garantía de derechos básicos para una vida digna, tales como la educación y la salud, en comunidades que se han visto obligadas a asumir el pago de los salarios de los docentes para que éstos continúen dando clases a sus niños y niñas en los centros educativos; comunidades que deben ver morir a sus seres queridos a  la entrada de los puestos de salud porque les niegan la atención médica; comunidades que no cuentan con vías en condiciones aptas para transportarse a otros municipios o sacar sus productos agrícolas y que se han visto forzadas, varias de ellas, a la siembra de cultivos ilícitos para sobrevivir.

En atención a las múltiples problemáticas afrontadas en la cotidianidad por los habitantes del Catatumbo, su pliego de exigencias en el marco de esta jornada de movilización, se encuentra estructurado en cuatro componentes: 1. Peticiones relacionadas con el sector de la salud, 2. Peticiones relacionadas con el sector educación, 3. Peticiones relacionadas en el tema de vías, 4. Peticiones relacionadas con el área de cultivos ilícitos. (Ver más en https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/10/pliego-de-exigencias-comunidades.html)

Pese a la evidente legitimidad de la protesta social, la represión e intimidación por parte de la Fuerza Pública y el Ejército continúan, denotando que la violencia contra las comunidades que exigen sus derechos, sigue siendo una constante, aun sin que medie el “conflicto armado” como excusa. A la par, la vocación negociadora del gobierno local, departamental y nacional, se ha expresado en acciones aun insuficientes para dar respuesta a las justas exigencias de las comunidades.

Represión, intimidación y actos de provocación

8:30 am – El comandante de la estación de la Yé de astilleros, DAVID HERNANDEZ, sin justificación algununa y en una actitud de provocación, maltrató verbalmente a uno de los manifestantes del sector arrocero, obligándole a identificarse. Sus datos personales fueron objeto de registro.

8:50 am – Sobrevoló un helicóptero de la policía nacional en el punto “El Pedregal”, donde se encuentra apostado el sector arrocero, desplazándose posteriormente hasta “La Unión”, sobre el lugar donde está concentrado el proceso comunitario, permaneciendo durante 15 minutos.

9:00 am – En el punto La Yé de Astilleros, fue detenido arbitrariamente un manifestante, por miembros de la policía nacional, quien fue conducido hasta la Estación con supuestos fines de identificación, pese a que él exhibió su cedula de ciudadanía en el momento en que ésta le fue requerida.

9:45 am – En el punto de concentración de la comunidad, ubicado en la vereda Oropoma en el municipio  de Ábrego sobrevoló un helicoptero del Ejército Nacional.

4:00 pm a 4:15 pm –  Se realizaron sobrevuelos de helicópteros de la policía nacional, sobre los tres puntos de concentración de las comunidades.

4:20 pm – En el punto de concentración ubicado en la vereda Oropoma en el municipio  de Ábrego, nuevamente se realizaron sobrevuelos de un helicóptero del Ejército Nacional. Durante la noche del día 12 de octubre (8.00 pm) hubo sobrevuelo de tres drones sobre este mismo lugar.

Los objetivos y efectos de la acción militar y policial

Los recurrentes sobrevuelos de helicópteros del Ejército y la Policía, generan sin duda, temor en las comunidades que participan en la movilización, pues constituyen una clara demostración de fuerza bélica, ante una acción colectiva de connotación distinta.

En este sentido, la exhibición (o alarde) de una capacidad represiva en el campo militar, contra las comunidades que no tienen posibilidad de respuesta proporcional; sólo se explica desde el interés de intimidar a quienes reclaman colectiva y organizadamente sus derechos.

Por otro lado, la obtención de imágenes, no sólo de los puntos de concentración, sino también de las personas que se encuentran en éstos, tomadas en los sobrevuelos, es un factor adicional de preocupación de las comunidades y organizaciones de derechos humanos, en el sentido que su uso posterior, es absolutamente desconocido y puede conllevar acciones subsiguientes de represión legal o extralegal contra quienes apoyan o participan en la protesta social.

Pero más allá, el efecto que genera el mensaje de la respuesta estatal a la movilización popular, constituye un síntoma de alarma, no sólo para las comunidades del Catatumbo, sino para la sociedad en general; por cuanto deja ver, que aún en medio de un acuerdo de terminación del conflicto entre el Gobierno y las (ex) Farc-Ep, y de cese de hostilidades entre el Gobierno y el Eln; los conflictos sociales siguen siendo resueltos mediante la violencia estatal.

Adicionalmente, se logra develar, que la acción militar y policial, busca también romper la moral y la disciplina de las comunidades movilizadas, pues tienen claras pretensiones de provocar confrontaciones o intimidaciones, que a la postre generan rupturas y tensiones al interior de la organización popular, a la vez que justifican la intervención violenta de los uniformados o la judicialización.

Las acciones para la resolución del conflicto

12:00 m – 4:00 pm. El gobernador de Norte de Santander WILLIAM VILLAMIZAR  LAGUADO, hace presencia en el sector – fuertemente escoltado- dirigiéndose inicialmente al punto de concentración del gremio de los arroceros.

Allí, durante más de una hora escuchó  las peticiones que llevaron a cabo  los voceros; comprometiéndose a gestionar a nivel nacional, la presencia del ministro de agricultura.

Posteriormente; se dirigió al punto de agrupación del sector comunitario de Tibú y habitantes de varios municipios del Catatumbo, donde se realizó una reunión en la que además estuvieron presentes el alcalde del Zulia HELKIN CABALLERO, el secretario de desarrollo departamental LEONEL RODRIGUEZ y el secretario de víctimas del departamento LUIS FERNANDO NIÑO. En la misma, se presentó el pliego de peticiones del Paro.

Se dejó claro que esta reunión no constituía una mesa de negociación, sino, que en ella se buscaba concretar las exigencias y cómo sería la dinámica de trabajo.

Ante la solicitud de garantías a la protesta social, el gobernador se “comprometió” a gestionar ante el gobierno nacional y el Ministerio de Defensa, para que no sea enviado el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD) u otra fuerza pública al lugar de concentración de los campesinos. Sin embargo no “prometió” resultados positivos.

Por último, alrededor de las 4 pm se inició una reunión de los presidentes de Junta y líderes comunales con los Alcaldes de Convención, de Ábrego, del Tarra,  de Teorama, y San Calixto, alcaldesa encargada de Hacarí, así como un delegado de la Alcaldía de Ocaña y delegados de la Gobernación de Norte de Santander, personeros  y Defensoría Regional del Pueblo, con el fin de exponer el pliego de peticiones. Tras más de dos horas de reunión se acordó que el día de mañana -14 de octubre-  desde las 8.00 am se reanudará la misma, con la participación adicional de los secretarios departamentales de Salud, de Educación y de Infraestructura, donde se continuará la discusión de los tres puntos clave de las exigencias.

Conclusión elemental

Mientras se incrementa gradualmente la presión militar y policial, la negociación se diluye en los procedimientos, competencias y normas, que impiden asumir compromisos reales y cumplirlos.

Octubre 13 del 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO
ASOCIACIÓN MINGA
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD 

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