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EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS SALUDA Y RESPALDA LA RESISTENCIA EN LAS PRISIONES DE CÓMBITA, VALLEDUPAR, PALOGORDO, CÚCUTA, PALMIRA, JAMUNDÍ, SAN ISIDRO Y CALI Y RECHAZAMOS TRASLADO POR CASTIGO DE PRESOS POLÍTICOS DEL ELN

Tratos crueles y humillantes, hacinamiento, infraestructura en deterioro, suministro escaso de agua, condiciones insalubres, alimentación de pésima calidad, limitaciones en las comunicaciones, aislamiento familiar, extrañamiento, muerte por falta de asistencia médica o violencia, son entre otras muchas, razones que legitiman la resistencia tras los muros.

Mientras se somete a las y los presos del país a una violación sistemática, generalizada y sostenida de los derechos humanos; políticos y empresarios sacan réditos de su sufrimiento. So pretexto de cumplir con los estándares y reglas mínimas para el tratamiento de la población reclusa, se reparten multimillonarios contratos en medio de la más rampante y descarada corrupción, que no merece investigación alguna a pesar de las constantes y reiteradas voces que develan la realidad.

La tortura y el tratamiento degradante y humillante contra las personas en reclusión y sus familias, se han convertido en prácticas normalizadas a las que el Fiscal General actual y los anteriores -que han propugnado por el desmedido uso de la prisión- poco han investigado.

Recientemente, ante el clamor de las y los presos del país; el creciente número de denuncias de atrocidades e inhumanidad en las cárceles; aunado a anunciada la visita del Papa a Colombia; congresistas de distintos partidos tradicionales e incluso el gobierno nacional, publicitaron la presentación de proyectos de ley (conocidos como los proyectos de Jubileo; PL 222/2017; PL 216/2017; PL215/2017; PL 218/2017), que generaron una gran expectativa y esperanza en la población encarcelada y sus familias. Pero una vez más sus sentidas necesidades fueron objeto de capitalización política; pues tales iniciativas legislativas, fueron diseñadas únicamente para ser mostradas ante los medios al momento de su radicación. Unos meses más tarde, sin bombo publicitario, pasó desapercibido el archivo de todas ellas por falta de debate. Ya para nadie es un secreto, que ésta es una de las más vulgares formas de evadir las discusiones en el congreso de la república.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación, insiste ante la opinión pública (por su puesto con todos las cámaras y micrófonos a su disposición), que limitar la facultad que tiene el Estado para privar preventivamente de la libertad a las y los ciudadanos, esto es, que imponer tiempos máximos para que una personas sea juzgada en este país; constituye un peligro para la seguridad ciudadana. Más grave aún es que ninguna voz desde el poder salga a rebatir este argumento.

Ante un panorama tan adverso de burla e incumplimiento estatal; la protesta social, la resistencia resultan más que justas. Por eso respaldamos, celebramos y llamamos a apoyar las reivindicaciones de quienes se encuentran en reclusión. El Estado debe adoptar medidas eficaces para poner fin a la tortura y el tratamiento degradante al que somete cotidianamente a las y los presos de Colombia.

Por otra parte, rechazamos categóricamente -como ya lo hicimos saber a las instancias pertinentes- el velado castigo contra los presos políticos del ELN: Nelson Archila Romero, Antonio Arriguí, Vidal Manosalva Niño, Javier Pico Rivero y Freddy Buitrago, quienes junto a detenidos sociales, venían realizando una jornada de protesta en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Cómbita, y en razón a ello fueron trasladados a otras prisiones lejanas de sus familias y entorno social. Vidal Manosalva y Javier Pico, llegaron a esa prisión luego de una huelga otros centros de reclusión. Ya es una política del INPEC el silenciamiento de los presos por medio del extrañamiento.

Sobre el tema ver: https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/08/empieza-represion-contra-detenidos-de.html

Es cuando menos contradictorio, que mientras el Gobierno adelanta un diálogo con el ELN y pretende asumir compromisos humanitarios, castigue a los presos políticos por exigir el cumplimiento de las obligaciones que estatales frente a la población reclusa.

01 de septiembre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

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