ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN PRISIONES CONTINÚA

Por: Equipo Jurídico Pueblos

Por invitación de la Corte Constitucional, el 23 de julio de 2018, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 (CSS) –de la que el Equipo Jurídico Pueblos forma parte- presentó su cuarto informe en el que da cuenta de la continuidad del Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario, la insuficiencia e ineficacia de las medidas implementadas por la institucionalidad para su superación y consecuencia de ello presenta algunas recomendaciones y propuestas para avanzar hacia este fin.

Tras un juicioso análisis de las iniciativas gubernamentales dirigidas a la reforma del sistema penal, se concluye que estas “carecen de un carácter sistemático, pues las modificaciones que se han presentado son aisladas, no comparten una misma lógica y en algunos casos tienden a ser contradictorias”. Se advierte además que ninguna de ellas ha buscado reequilibrar los aumentos punitivos en los últimos años.

La Comisión también evidencia escasos avances en la implementación de enfoques diferenciales, destacando que en los informes del Gobierno no se presentan los resultados ni el impacto de sus propias políticas, frente a la garantía real de derechos de comunidades carcelarias que tienen necesidades específicas. A su vez, se presentan elementos que dan cuenta de las afectaciones, carencias y requerimientos que de manera especial rodean a la población LGBTI, indígenas y mujeres en prisión.

En punto de la resocialización como fin de la pena y derecho del sentenciado, la Comisión aboga por un enfoque que la entienda como ausencia de de-socialización, de tal forma que los mínimos asegurables de ésta se centren en el restablecimiento de los vínculos sociales y familiares del recluso/a, lo que en concreto, “obliga al Estado a no profundizar la separación que existe entre la persona condenada a reclusión y la sociedad, de tal manera que cualquier norma o situación que agudice la desocialización de las personas reclusas debe ser eliminada o superada”.

Frente a los derechos a la alimentación y la salud de las y los presos del país, el Informe presentado ante la Corte refiere a la persistencia de una violación sistemática y generalizada, esto es, de una situación de continuidad del estado de cosas inconstitucional, que contrasta con los escasos avances que reporta el Gobierno sobre el particular.

De otro lado, se reportan serias dificultades de acceso a la administración pública y a la justicia de la población reclusa, principalmente en las fases secundaria y terciaria de la política criminal. Se advierte al respecto, la poca celeridad de los procesos judiciales y vulneraciones del derecho a la defensa técnica, en especial si esta es brindada por la defensoría pública,  las cuales afectan gravemente derechos tales como el debido proceso y la igualdad de las y los detenidos.

A su vez, se ponen de presente las grandes dificultades que enfrenta las personas en prisión, en trámites de competencia de la administración penitenciaria y los jueces de ejecución de penas; la vulneración de sus garantías procesales en actuaciones disciplinarias que se surten en su contra, así como los grandes obstáculos para denunciar las arbitrariedades de las que son víctimas durante la detención.

Finalmente, la Comisión solicita a la Corte Constitucional incorporar como pilar de seguimiento, la prevención y sanción de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y avanzar en la definición de los mínimos constitucionalmente asegurables de la dignidad humana, en su dimensión  o faceta del derecho a vivir sin humillaciones.

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