LA NULA SUPERACIÓN DEL ECI EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Por: Equipo Jurídico Pueblos

El pasado 25 de octubre, se llevó a cabo audiencia pública convocada por la Corte Constitucional mediante el Auto 613 del 19 de septiembre de 2018, con el fin de recaudar información para hacer el seguimiento a la Sentencia T- 388 de 2013. A ésta fueron convocadas a intervenir las organizaciones sociales y la academia, quienes mostraron su preocupación por la situación de los derechos humanos de la población reclusa; de igual manera hicieron presencia familiares de detenidas/os y ex detenidas/os. Concurrieron también, representantes de los entes de control, así como el INPEC, la USPEC, la Fiscalía, la Judicatura y el Congreso.

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, evidenció la falta de cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte, en particular, la falta de coherencia de la acción estatal en materia de criminalización primaria; la falta de un enfoque diferencial en el tratamiento penitenciario y la carencia de políticas para población pos-penada. A su vez, se evidenciaron las limitaciones ostensibles en las herramientas propuestas por el gobierno para la medición, valoración y diagnóstico del estado actual de la crisis, a través de las baterías de indicadores del goce  efectivo de derechos dentro de las cárceles, donde no se identifica una estrategia clara, sistemática e integral para la superación del ECI, ya que no se tiene en cuenta al interno como sujeto de derechos.

Las organizaciones de la sociedad civil, al igual que la academia, coincidieron en que la situación real que se vive en los penales del país es degradante, catalogando las prisiones como lugares para hacinar la pobreza y suprimir derechos elementales tales como salud, alimentación, integridad y dignidad humana, entre otros. Se reafirma la persistencia de un contexto de crisis, que no se ha superado a pesar de algunos avances y planes de choque para mitigarlo.

Por otro lado, los entes de control y las autoridades públicas convocadas dedicaron sus intervenciones a señalar las dificultades y los avances que se producen en razón del ECI a causa de la falta de una política criminal coherente y articulada, haciendo mención a los principios establecidos por la Corte Constitucional, como el respeto a la dignidad de los privados de la libertad, la intervención del Derecho Penal como ultima ratio y la reafirmación del principio de libertad. Por su parte los integrantes del Comité de Política criminal  manifestaron entre otras cosas, que existe una falta de presupuesto para mitigar y superar el ECI en el sistema penitenciario y carcelario.

La ministra de Justicia Gloria María Borrero Restrepo, manifestó, entre otras cosas, que el gobierno tiene en su agenda política la superación del ECI, que si bien no es inmediata ésta se prevé en un periodo superior a los 4 años. Fue enfática en la necesidad de generar nuevos cupos en los establecimiento existentes, así como con construcción de nuevas. También expuso que la superación el ECI requiere del trabajo integrado con la comunidad y que para tal fin también es necesario reescribir el Código Penal.

Por su parte, la senadora Paola Holguín, miembro del Consejo Superior de Política Criminal explicó, que para superar la grave crisis carcelaria se debe dotar de más capacidad al Consejo Superior de Política Criminal, pues este tiene funciones meramente consultivas que no son vinculantes, por lo que no ha sido tenido en cuenta por el congreso de la república al momento de materializar la política criminal en su fase legislativa.

El director general del INPEC, Jorge Luis Ramírez Aragón manifestó, contrario a lo expresado por las organizaciones no gubernamentales, que los programas de resocialización suministrados por la institución, estaban cumpliendo con el propósito de formar a los internos para la vida en libertad y resaltó el papel del programa Casa Libertad para este fin. Indicó igualmente, que la situación es compleja porque los cupos carcelarios no cubren la demanda, por lo que era ampliar la capacidad locativa para albergar personas en reclusión.

En contravía del espíritu de la Sentencia T-388 de 2013, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira manifestó que la regla de equilibrio decreciente impuesta por la Corte, se convirtió para la entidad que representa en un problema, advirtiendo que los lugares de reclusión transitorios a su cargo, cuya capacidad es de 300 cupos a nivel nacional,  albergan en la actualidad a más de 1000 personas privadas de la libertad, reconociendo que el hacinamiento produce dificultades en la atención de salud y alimentación, pues la Fiscalía no cuenta con rubros presupuestales para ello. Habló del proyecto de Ley 014 de 2017, mediante el cual se eliminan varios tipos penales, como forma de contrarrestar el ECI, y enfatizó en que este no puede suspender o interrumpir el ejercicio de la acción penal ni limitar el uso de la detención preventiva, porque  es una obligación constitucional el ejercicio de la acción penal, así como es necesaria una política más eficaz para que existan nuevos cupos en el sistema penitenciario, ya que las noticias criminales crecieron en un 10% y no hay cupos carcelarios que se asemejen a la realidad del país.

Por su parte, Shirley del Valle Albarracín, Juez Coordinadora de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, hizo un llamado al trabajo articulado para poder enfrentar el ECI, indicando que a la judicatura se les dificulta la labor de interpretación por la existencia de múltiples vacíos legales que  permiten variadas interpretaciones. Manifestó que hay trabas en materia administrativa que impiden la libertad, por lo que de 29 jueces, se han producido en el 2018 157.543 decisiones, 43.843 son interlocutorias y resuelven sustitutos y subrogados penales, con un resultado del 70% resueltas de manera negativa, debido a la falta de personal en las oficinas jurídicas del INPEC y a las trabas administrativas.

Indicó también que el estado no cuenta con los mecanismos tecnológicos idóneos ni la guardia necesaria para el sustituto penal de la prisión domiciliaria con brazalete electrónico, y que hay reincidencia porque no se puede vigilar de manera efectiva. Concluyó que debe haber armonización entre las instituciones, implementación de mecanismos de control y solicitó que se precisen algunos lineamientos para poder tener unificación de criterios en su especialidad.

De otro lado, Matilde Mendieta Galindo, directora de la USPEC, manifestó que la solución al ECI debe ser de infraestructura, indicando que, en las salas de capturados de las instalaciones de la Policía a octubre de 2018, había 5.458 personas de las cuales 608 personas son condenadas. También refirió que la reincidencia alcanza el 13% que se suma al hacinamiento, por lo que urgen procesos de resocialización eficaces, lo cuales requieren de una infraestructura adecuada. Finalmente hace eco a otras instituciones en el sentido que se necesitan habilitar más cupos carcelarios para lo cual requieren 1.8 billones de pesos; no obstante, evidencia que el Ministerio de Hacienda redujo el presupuesto de la entidad a su cargo en un 13%.

Por su parte Rafael Guarín, consejero presidencial, manifestó que el enfoque de Duque es la legalidad y que en el marco de la supremacía del orden jurídico debe existir reproche social al delincuente, con sanciones efectivas. Informó sobre la realización de 14 consejos de seguridad en diferentes partes del país para analizar el comportamiento del delito, los procesos de judicialización, el funcionamiento de las cárceles y el impacto que el hacinamiento tiene en las estaciones de policía, en desmedro de los derechos humanos.

Expresó que no existe armonía ni coordinación entre las distintas entidades del Estado, pero si una absoluta inconsistencia de lo que se determina en congreso de la república, por lo que debe haber un fortalecimiento institucional en el sector justicia, un pacto por la justicia, la existencia de  pautas de coherencia en la política criminal. Afirmó se requiere la ampliación de los penales, el establecimiento y ampliación de nuevos cupos, así como la construcción de nuevos establecimientos.

En suma, la audiencia evidenció la falta de trabajo articulado entre las distintas autoridades y la persistencia de un enfoque punitivista en el que todo conflicto se resuelve a través del encarcelamiento; de lo cual se advierte la continuidad en la violación sistemática de derechos humanos de las prisiones.

La falta de voluntad para resolver de manera estructural las problemáticas padecidas por la población reclusa y de aunar esfuerzos para la prevención del delito, es la más notoria conclusión de la Audiencia desarrollada por la Corte.

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