LA REPRESIÓN INVISIBLE EN LAS CÁRCELES

Posted

Miguel Ángel Bustamante es un preso social comprometido con la defensa de los derechos humanos en la cárcel de alta seguridad de Valledupar, conocida como “La Tramacúa”. Contribuye en la denuncia de la crítica situación humanitaria que se vive a diario en la reclusión, presenta acciones jurídicas que propugnan por el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población reclusa; asimismo ha participado en acciones colectivas no violentas de protesta que buscan medidas inmediatas de solución a problemáticas tales como la falta de agua o el hacinamiento. Su función, lejos de ser reconocida, es reprimida desde la autoridad penitenciaria.

De acuerdo con las denuncias recibidas por el Equipo Jurídico Pueblos, de parte de la población privada de la libertad en el Establecimiento, la respuesta a sus reclamaciones sigue siendo la represión, a través de medios velados e ilegítimos que constituye un abuso de la posición dominante y que buscan el silenciamiento.

Miguel Ángel Bustamente fue sancionado hace unos días, luego de un reporte del funcionario del Inpec López Carvajal, según el cual, el detenido incitó a una desobediencia pacífica a la población reclusa, porque llevaban tres días sin suministro de agua en el Pabellón 6. En efecto, los internos realizaron una protesta pacífica que consistió en sentarse al fondo del patio, exigiendo una reunión con el director del Establecimiento para que diera respuesta a una problemática que sin duda afectaba de manera grave los derechos humanos de los detenidos. Acción legítima ocurrida el 03 de noviembre de 2016, que recibió una respuesta desproporcionada de la guardia penitenciaria cual fue el ingreso violento al pabellón y el “decomiso” de los recipientes de almacenamiento del líquido vital que usan los presos para abastecerse del mismo.  Mientras el interno fue sancionado disciplinariamente, el abuso de autoridad permanece impune.

El 19 de septiembre de 2017, señalan los internos, el director del Establecimiento arribó al Patio 6, acusando a Miguel Ángel Bustamante “de lo que está pasando en el pabellón”. “Si me atacan yo ataco” fueron las palabras del capitán Perdomo, refiriéndose al reciente fallo de un juez de tutela que declaró en desacato a la autoridad imponiéndole una multa por no cumplir una decisión judicial que le obligaba a reducir el hacinamiento, que en concreto somete a tres detenidos a vivir en una celda adecuada para dos, con temperaturas que superan los 35ºC. La acción de represión colectiva de la que acusó al detenido, consiste en la apertura e impulso de numerosas acciones disciplinarias que seguramente conllevarán a sanciones a muchos detenidos; siendo una imputación que genera conflictos internos por una razón: reclamar derechos.

El 26 de septiembre de 2017, Miguel Ángel fue beneficiado por el Juez 2 de ejecución de penas de Valledupar, con la prisión domiciliaria. En cumplimiento de esta decisión, el 03 de octubre suscribió el acta de compromiso. Sin embargo, pese a que dos detenidos en las mismas condiciones fueron trasladados al lugar de residencia, no ocurrió lo mismo con él. ¿La razón? aparentemente desconocida, sin embargo, fácilmente puede ser considerada una acción más de abuso de poder.

El Equipo Jurídico Pueblos, en sus distintos informes ante instancias nacionales e internacionales ha visibilizado que la acción disciplinaria, se ha convertido de un mecanismo aparentemente legal, pero arbitrario, que busca desestimular la denuncia de lo que ocurre al interior de los establecimientos de reclusión. Ha exigido garantías para la defensa de los derechos humanos, sin embargo, la adopción de políticas que permitan reales mecanismos de visibilización y participación de la población reclusa en los asuntos que les afectan, siguen siendo nulas.

El caso de Miguel Ángel es uno entre muchos que merecen apoyo y reflexión. No es un hecho aislado, ni en los establecimientos de reclusión, ni en otros espacios donde se relaman garantías reales de derechos. No basta con que éstos se encuentren consagrados en la Constitución y tratados internacionales; es necesario que sean ciertos, tangibles, reales. Ceder ante las distintas expresiones de represión, y/o permitir que se castigue a quien o quienes los reclaman, es legitimar un modelo de sociedad excluyente e injusto.

04 de octubre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

Comentarios