LA TORTURA EN COLOMBIA, NI SE PREVIENE NI SE CASTIGA, SE NORMALIZA: EL CASO DE CRISTIAN CAMILO BELLÓN GALINDO  

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“Presagio de impunidad segura”

Por: Equipo Jurídico Pueblos

Antes de ser presentado ante el juez competente, Cristian Camilo Bellón Galindo, fue torturado física y sicológicamente en la Estación de Policía de Barranquilla y la Unidad de Reacción Inmediata de la misma ciudad; en su contra fue proferida una sentencia de muerte. “Lo suyo ya está cuadrado” le advirtieron varios policiales hasta el último momento en que estuvo bajo su custodia.

Ver noticia: https://equipopueblos.org/2018/06/27/tortura-contra-preso-politico-colombiano/

Entre las imágenes impactantes del conflicto armado que se trasladó a la capital del Atlántico el 27 de enero de 2018; Cristian Camilo era exhibido públicamente como responsable. Un cuadro que logra captar el gran papel de los medios masivos de comunicación, en el proceso de construcción de esa alteridad a la que se justifica exterminar, muy característico de las prácticas sociales genocidas.

La legalidad impartida a los procedimientos de policía, en las audiencias preliminares, fue la primera expresión de legitimación y normalización de la tortura; pero el camino continúa. La respuesta dada a la denuncia y queja presentada ante los entes de investigación y control da cuenta desde este temprano momento de una impunidad garantizada:

La Procuraduría decidió remitir la indagación por competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Atlántico, es decir, el equivalente a la Justicia Penal Militar, en esta materia; lo que significa que no se trata de una dependencia que garantice imparcialidad, pues forma parte de una institución altamente jerarquizada en la que la “lealtad”, la subordinación, la obediencia y la solidaridad de cuerpo son marcadas; en palabras castizas se trata de policías investigando policías, por hechos que aunque constituyen graves violaciones a los derechos humanos que desde la perspectiva del derecho penal  de(tortura física y sicológica) han sido normalizados.

Por su parte la Fiscalía no se ha dignado siquiera a responder de manera formal la denuncia que fue radicada por lo ocurrido; sin embargo, extraoficialmente se conoce que el caso sería enviado a un despacho de la ciudad de Barranquilla, que si bien se corresponde con el lugar donde fue violentado el preso político Cristian Camilo, claramente no garantiza el desarrollo de una investigación verdaderamente célere y profunda, que conduzca realmente al esclarecimiento de los hechos y responsables. En esta ciudad, jueces, fiscales e incluso la comunidad ha normalizado la tortura.

Dicho lo anterior es claro que la institucionalidad estatal dirige todos sus esfuerzos a dar una apariencia de legalidad a lo que es claramente violatorio de los derechos humanos; que abrirá investigaciones fachada, sin la menor intención de encontrar la verdad y los responsables.

En contraste con los anterior, el proceso penal contra Cristian Camilo y demás imputados se adelanta en la ciudad de Barranquilla sin que exista las garantías necesarias para los tres procesados y sus abogados: Agentes policiales fuertemente armados dentro de la sala de audiencias en actitud intimidante, tomando nota de los datos personales del defensor, son solo dos acciones notorias que permiten concluir que no existe siquiera la posibilidad de un juicio justo e imparcial.

Esto es lo que en Colombia se llama Justicia. Vergonzosa aunque previsible actuación del Estado. El problema en realidad no radica en la impunidad endémica del aparataje institucional, sino en que las y los ciudadanos del común no sólo acepten y justifiquen la tortura y todo tipo de trato cruel, inhumano y degradante; bajo una concepción de justicia que es sinónimo de venganza. El derecho penal de enemigo es una práctica sistemática del aparato de justicia colombiano en la que torturar y condenar por presiones mediáticas es la constante.

Imagen propia- Autor desconocido

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