LAS COMUNIDADES DE BARRANCABERMEJA, EL CARMEN Y SAN VICENTE DE CHUCURÍ RECHAZARON DE VIVA VOZ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE HIDROCARBUROS APE MARTEJA EN SUS TERRITORIOS

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El pasado 1 de septiembre se llevó a cabo en el Municipio de San Vicente de Chucurí la Audiencia Pública ambiental dentro del proceso de licenciamiento del Proyecto Área de Perforación Exploratoria-APE- Marteja, cuya área de influencia abarca 59 veredas de tres municipios del Magdalena Medio Colombiano.

La Audiencia, presidida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA-, contó con la participación de representantes del Ministerio Público, así como de miembros de las Administraciones municipales, académicos, organizaciones y varios cientos de habitantes de los municipios de Barrancabermeja, El Carmen y San Vicente de Chucurí, que sentaron su voz de rechazo hacia la eventual licencia ambiental que otorgue la ANLA para la ejecución de este proyecto petrolero.

Aportes valiosos en pro de la protección de los recursos naturales de este territorio se realizaron en el marco de dicha Audiencia. Los escasos tres minutos que la ANLA estableció como límite para realizar cada intervención fueron utilizados por casi la totalidad de los intervinientes (con excepción de ECOPETROL y tres o cuatro personas con evidentes intereses personales a favor de la petrolera) para argumentar la necesidad de que se niegue la Licencia ambiental solicitada para la puesta en marcha de actividades en el APE Marteja.

El Equipo Jurídico Pueblos identificó varios aspectos o razones puntuales, en base a los cuales hemos solicitado a la ANLA que niegue la Licencia:

Partamos de que en este proceso de licenciamiento se está coartando a la comunidad del área de influencia del proyecto, de uno de los elementos esenciales o indispensables de la participación ambiental, esto es, de su derecho constitucional a la información.

No es posible hablar del acceso a la participación en este proceso de licenciamiento cuando las comunidades de las 59 veredas que hacen parte del área de influencia no han tenido la posibilidad de contar con información oportuna y suficiente para entrar a ser parte del escenario participativo. No se está atendiendo por parte de los titulares de este Proyecto ni por parte de la Autoridad Ambiental a la esencia del derecho de participación, pues no es suficiente poder acceder a la Audiencia Pública ambiental como escenario o mecanismo de participación si no se ha conocido previamente y con claridad la información del proyecto, así como sus impactos ambientales y las medidas de manejo propuestas. Es decir, en este proceso de licenciamiento estamos viendo una vulneración flagrante del derecho fundamental a la información.

De igual modo, y recordando que este proyecto se superpone con áreas protegidas (Distritos Regionales de Manejo Integrado-DRMI- del Humedal San Silvestre y Serranía de los Yariguíes) es innegable que su puesta en marcha no sólo estaría afectando gravemente las actividades económicas que históricamente se realizan por la comunidad campesina de la región, como la agricultura, la ganadería y la piscicultura, así como los medios bióticos y abióticos de la región (el mismo EIA del APE Marteja admite que los impactos negativos del proyecto tendrán una significación mayoritariamente media y alta que superan ampliamente los impactos positivos que traería el mismo a la zona de influencia), sino que además, se estarían afectando irremediablemente unos ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales, como lo son el Humedal San Silvestre y la Serranía de los Yariguíes (importancia que ha sido reconocida por la ANLA en su Reporte de la Zona Centro Valle Medio Magdalena de 2016), máxime cuando estamos frente a un hecho que la Autoridad ambiental no puede ignorar y es que el Ajuste y Actualización del Plan de Manejo Ambiental-PMA- del DRMI Humedal San Silvestre se está realizando a través del Convenio Marco de Colaboración DHS No. 5211802 del 2013 y su Acuerdo de Cooperación No. 01 de 2013, suscritos entre ECOPETROL y la CAS.

Es decir, es ECOPETROL –empresa que tiene intereses de  exploración y explotación de hidrocarburos en estas áreas protegidas- el que está financiando la determinación de los parámetros técnicos que establecerán los usos y actividades permitidos en las mismas, evidenciando un claro conflicto de intereses que ECOPETROL enmascara bajo su política  de “responsabilidad social corporativa”.

Además de lo anterior, aun cuando la solicitud de licencia ambiental presentada por ECOPETROL a la ANLA versa hasta el momento sobre un área de perforación exploratoria, no podemos perder de vista que el APE Marteja hace parte del Bloque Mares, el cual de acuerdo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH- es un área prospectiva de Yacimientos No Convencionales, lo que significa que es un área recomendada por los exploracionistas para encontrar este tipo de yacimientos y perforarlos a través de la técnica de fracturamiento hidráulico o fracking. Es decir, aprobar el APE Marteja es la puerta de entrada para esta técnica extractiva que implica unas consecuencias nefastas para el ambiente y la salud de las personas.

Los impactos socio ambientales que representa el  proceso  del  fracturamiento  hidráulico pueden ser resumidos de la siguiente manera: i) contaminación y uso intensivo de aguas superficiales o subterráneas debido a la cantidad del líquido que requiere el proceso y los riesgos de  contaminación  derivados del uso de químicos  que  hacen  parte  del  fluido  utilizado  para el fracturamiento (EPA, 2016). Se ha encontrado evidencia de que el 25% de los productos químicos usados en el fracking pueden causar cáncer, el 37% puede afectar al sistema endocrino, de un 40 a un 50 % pueden afectar al sistema nervioso, al sistema inmunológico y al sistema cardiovascular y más del 75% pueden comprometer la salud de los órganos sensoriales y el sistema respiratorio (Valdés Aguirre, C.L., s.f.).; ii) riesgo de aumento de la sismicidad debido a  la  reinyección  de  los  fluidos  utilizados  en  el  fracturamiento (Weingarten, M., Godt, J. W., Bekins, B. A., Rubinstein, J. L., 2015); iii) erosión y contaminación de los suelos; iv) contaminación del aire y exacerbación del cambio climático por la emisión de metano, dióxido de carbono e hidrocarburos pesados; y v) deforestación y degradación del hábitat (Physicians for Social Responsibility, 2015).

Ahora bien, el operador del proyecto APE Marteja (con una participación del 50%) es la multinacional canadiense Parex; ello en virtud de una serie de acuerdos comerciales realizados entre esta empresa y ECOPETROL a partir del año 2015.

Al respecto hay que recordar que la petrolera Canadiense Parex realiza actividades con énfasis en la extracción de yacimientos no convencionales mediante fracking (en el año 2014 la ANH le adjudica el bloque VMM 9, ubicado en el municipio de Cimitarra/Santander, el cual es uno de los primeros bloques en Colombia destinado para la exploración de Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos) y que recibe apoyo de su Gobierno y de la EDC (Export Development Canada), una entidad crediticia del gobierno de Canadá.

Sobre esto último se debe puntualizar que la legislación ambiental, minera y petrolera colombiana, es una legislación creada por la “cooperación” canadiense a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá- ACDI y una ONG de Multinacionales denominada CERI, lo cual rompe con el principio de soberanía nacional sobre los recursos naturales, da ventajas ilegales a las compañías canadienses como Parex, viola los principios de aplicación general, impersonal y neutral de la ley para favorecer estas empresas, en detrimento de las condiciones ambientales y de salud de millones de colombianos. Por ello no se debe permitir que las licencias ambientales sean aprobadas por organismos y funcionarios al servicio de estas multinacionales.

Para finalizar, se debe puntualizar que el carácter geoestratégico que poseen estos territorios, principalmente toda la región del Magdalena Medio, donde confluyen una gran riqueza de recursos naturales, lo ha convertido en uno de los focos del modelo económico neoliberal que como política nacional de desarrollo ha implantado el Gobierno colombiano, priorizando e impulsando el sector minero energético desde una perspectiva extractivista que está por encima de factores de protección ambiental o de respeto por las comunidades originarias de las regiones.

Ha primado la “ideología del progreso o desarrollo económico” al servicio de intereses particulares, especialmente de las multinacionales, superponiéndose sobre los derechos humanos y fundamentales y generando escenarios de conflicto en donde se gestan procesos de crisis social, étnica, política y ambiental. Todo amparado bajo la lógica del capital.

25 de septiembre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

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