ORDENAN LIBERTAD DE CAMPESINOS DE BECERRIL VÍCTIMAS DE MONTAJE JUDICIAL

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El 5 de septiembre de 2017, un Juez de control de Garantías de Valledupar ordenó la libertad de los campesinos JORGE ENRIQUE MIELES VELÁSQUEZ, WILSON PAREDES AGUILAR, CRISTO ANTONIO PINEDA CASTILLO, WILLIAM PAREDES AGUILAR, LUIS OSCAR GALVIS SANCHEZ, ERASMO GALVES SANCHEZ, HUBER NEL DURAN RIOBÓ y CRISTO HUMBERTO CALDERÓN ROSSO, por vencimiento de términos. La decisión aún no se ha hecho efectiva.

Los campesinos fueron detenidos el 16 de junio de 2016, luego del paro agrario, campesino, étnico y popular, por solicitud del Despacho 47 de la antigua Unidad Nacional Anti Terrorismo a cargo de CESAR AUGUSTO TIBAMOSO FLECHAS. Desde su detención, la comunidad de Becerril (corregimiento de Estados Unidos) ha denunciado que  éste es otro montaje judicial diseñado por esta estructura de la Fiscalía, con la orientación directa del Ejército.

La medida de aseguramiento contra los campesinos, fue sustentada por la Fiscalía con base en las supuesta versión de dos desmovilizados del ELN, que posteriormente fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional (Sobre el caso ver https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/09/urgente-nueva-ejecucion-extrajudicial.html)

De acuerdo con lo informado por los familiares de los jóvenes ultimados y presentados falsamente como bajas en combate, ninguno de ellos conocía a los detenidos como miembros de la insurgencia y rendirían testimonio en el juicio en tal sentido.

JORGE ENRIQUE, WILSON, CRISTO ANTONIO, WILLIAM, LUIS OSCAR, ERASMO, HUBER NEL y CRISTO HUMBERTO fueron recluidos en el ERON – Picota, a kilómetros de distancia de sus familias y comunidad, sometidos a un régimen de alta seguridad y a las condiciones indignas de reclusión que padece la gran mayoría de la población en prisión.

Este caso se suma a otros tantos que se viene presentando en el país; y que guardan patrones de actuación estatal de alta similitud, por lo que los entendemos como sistemáticos, generalizados y premeditados actos de persecución contra el movimiento social, con fines económicos y políticos. Es igualmente ilustrativo de cómo el aparato judicial en Colombia se viene usando como arma de guerra. La Unidad nacional contra el Terrorismo (ahora dirección nacional contra el crimen organizado) es el instrumento a través del cual se ha desarrollado esta particular faceta del modelo de represión en el país.

A la sociedad en su conjunto le corresponde estudiar y desnudar la persecución judicial contra el movimiento popular, como una expresión más del terrorismo de Estado, rechazarla y exigir su eliminación.

8 de septiembre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

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