RESPUESTA AL INFORME SEMESTRAL DEL GOBIERNO NACIONAL AL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 (CSS)

 

Estado de cosas inconstitucional en prisiones continúa

 

Por invitación de la Corte Constitucional, el 23 de julio de 2018, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 (CSS) –de la que el Equipo Jurídico Pueblos forma parte- presentó su cuarto informe en el que da cuenta de la continuidad del Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario, la insuficiencia e ineficacia de las medidas implementadas por la institucionalidad para su superación y consecuencia de ello presenta algunas recomendaciones y propuestas para avanzar hacia este fin.

 

Tras un juicioso análisis de las iniciativas gubernamentales dirigidas a la reforma del sistema penal, se concluye que estas “carecen de un carácter sistemático, pues las modificaciones que se han presentado son aisladas, no comparten una misma lógica y en algunos casos tienden a ser contradictorias”. Se advierte además que ninguna de ellas ha buscado reequilibrar los aumentos punitivos en los últimos años.

 

La Comisión también evidencia escasos avances en la implementación de enfoques diferenciales, destacando que en los informes del Gobierno no se presentan los resultados ni el impacto de sus propias políticas, frente a la garantía real de derechos de comunidades carcelarias que tienen necesidades específicas. A su vez, se presentan elementos que dan cuenta de las afectaciones, carencias y requerimientos que de manera especial rodean a la población LGBT, indígenas y mujeres en prisión.

 

En punto de la resocialización como fin de la pena y derecho del sentenciado, la Comisión aboga por un enfoque que la entienda como ausencia de de-socialización, de tal forma que los mínimos asegurables de ésta se centren en el restablecimiento de los vínculos sociales y familiares del recluso/a, lo que en concreto, “obliga al Estado a no profundizar la separación que existe entre la persona condenada a reclusión y la sociedad, de tal manera que cualquier norma o situación que agudice la desocialización de las personas reclusas debe ser eliminada o superada”.

 

 

JULIO DE 2018

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO

Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 (CSS)

 

Para cualquier Estado social y democrático de derecho que busque garantizar al máximo los derechos humanos es indispensable contar con una política criminal racional, clara y coherente que le permita no sólo prevenir el delito, sino hacerlo respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y sus propios postulados constitucionales.

 

La obligación de prevenir y perseguir el delito, en este sentido, debe ir más allá de los intereses propios de cada Gobierno y desarrollarse en una política criminal con fundamento empírico, racional, con mecanismos que permitan tanto responder al delito como prevenirlo de una manera respetuosa de los derechos de las personas y de los límites impuestos por el Estado de Derecho.

 

Recientemente, en Colombia se ha intentado, en varias oportunidades, adecuar la política criminal a estas exigencias. Se destacan algunos proyectos de ley que, aunque han contenido problemas, han buscado reformar la política criminal. Por ejemplo, la aprobación de la Ley 1760 de 2015 estableció límites temporales a la detención previa al juicio, aunque su impacto es todavía incierto, y varios proyectos de ley han sido adelantados en el Congreso con el fin de modificar el sistema penal. A la fecha de producción de este informe, ninguno de ellos ha sido aprobado.

 

A pesar de estos intentos de introducir reformas al sistema penal, la política criminal colombiana sigue siendo una política reactiva, irracional y tendiente al populismo punitivo, pues sin haberse hecho una reforma estructural que modifique muchos aspectos problemáticos del sistema, las tímidas reformas se han quedado cortas en su objetivo de racionalizar el poder punitivo del Estado. Por ello, el sistema penitenciario y carcelario sigue provocando una profunda crisis humanitaria en la que los derechos de la población recluida son violados de manera sistemática y generalizada. En otras palabras, a pesar de los intentos de reforma, el estado de cosas inconstitucional declarado1 y reiterado2 por la Corte Constitucional todavía persiste.

 

La Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013, presenta este informe con el fin de documentar, analizar y evidenciar muchos de los problemas que todavía padecen las personas recluidas en el sistema penitenciario y carcelario.

 

OCTUBRE DE 2017

“LA PAZ EN JAQUE”

 

Informe sobre Situación de Derechos Humanos y Violencia Sindical en Colombia 2017

 

El presente informe es producto del esfuerzo de las comunidades campesinas del Nororiente colombiano, el Equipo Jurídico Pueblos, Casa Aguayá, el Sindicato de Trabajadores del Sistema agroalimentario – SINALTRAINAL, el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales – SINTRAUNAL, la campaña Somos Dignidad, Asociación de familiares y amigos de los presos de Cúcuta – ASOFAMINTERCUC, Asociación de familiares de presos de Colombia – ASOFAMIPREC – Seccional Bogotá; Asociación de familiares y amigos cárceles de Valledupar - ASOFAMPRECV y de colectivos de presos políticos y sociales de varios establecimientos, que denuncian la grave problemática que en materia de derechos humanos se vive a diario.

 

Apartes de este documento fueron un aporte del Equipo Jurídico Pueblos, a los informes presentados por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia – REDHER y el Congreso de los Pueblos en el marco del Examen Periódico Universal de Colombia – octubre 2017.

 

El Informe pretende denunciar que a pesar del discurso de paz oficial la realidad del país dista de la construcción de relaciones sociales justas, equitativas e incluyentes y se sigue usando la violencia institucional para el sostenimiento del actual sistema económico.

 

Los invitamos a leerlo, difundirlo y realizar aportes. El trabajo de derechos humanos -desde una perspectiva de lucha de los pueblos- es un proyecto en construcción. La defensa de la vida digna de la especie humana y del planeta es permanente,rigurosa y en ocasiones solitaria.

 

 

 

28 de diciembre de 2017.

ABC DEL PROYECTO DE

LEY 148 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(SENADO)

 

En la presente cartilla se exponen los principales avances que contiene el proyecto de ley en materia de acceso a subrogados, derechos y permisos de salida del establecimiento de las persoans privadas de la libertad.

 

La construcción de este proyecto de ley es el resultado de un importante trabajo en el que participó de manera activa la población reclusa y su posterior aprobación, sin duda implicará el desarrollo de acciones pedagógicas de sensibilización, concientización y visibilización de la situación carcelaria, ante la sociedad en general.

 

Esta es una tarea en la cual deben participar de manera activa y decidida las personas privadas de la libertad y sus familiares, teniendo en cuenta que se requiere romper con una marcada cultura carcelera, que arrastra con siglos de una concepción predominantemente retributiva de la pena.

 

El proyecto de ley 148 de 2016, es solo el primer paso hacia la construcción conjunta de una política criminal compatible con los derechos a la libertad y a la dignidad humana.

 

20 de Septiembre de 2016

LA BÚSQUEDA DE UNA PAZ BASADA EN LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

 

Informe de la V Caravana Internacional de Juristas

 

 

La Caravana Colombiana Internacional de Juristas ¨Caravana¨ llevó a cabo su quinta visita a Colombia en agosto del 2016. Fue una delegación verdaderamente internacional con un amplio rango de profesionales expertos en áreas del derecho penal y civil, desde doce países diferentes, incluyendo un fiscal, jueces, abogados en ejercicio, y abogados académicos.

 

Todos los delegados tenían un amplio conocimiento acerca de Colombia y América Latina. Un aspecto muy importante para la Caravana es el encuentro de abogados de diferentes jurisdicciones para compartir sus experiencias y recibir testimonio.

 

Nos llenó de satisfacción y alegría contar con la participación de abogados desde Argentina, Honduras, Grecia y Polonia, quienes también enfrentan serios desafíos en sus países de origen pero que desean brindar apoyo a los abogados y a los defensores de derechos humanos colombianos en este periodo crucial de su historia.

 

Agosto 2016

MANUAL DE RECOMENDACIONES EN CASO DE CAPTURA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

 

¨UNA HERRAMIENTA PARA EL TRABAJO POPULAR EN MOMENTOS EN QUE TODO UN PUEBLO SE MOVILIZA¨

 

 

La presente cartilla de recomendaciones en caso de captura, allanamiento y judicialización arbitraria dentro del sistema penal acusatorio, pretende convertirse en una ayuda concreta que permita afrontar los procesos de judicialización que se adelantan por parte del aparato de justicia colombiano contra los sectores populares que se movilizan en todo el territorio nacional.

 

 

Primera Edición, Mayo de 2016

CARTILLA PRÁCTICA DE DERECHO PENITENCIARIO

 

MECANISMOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

 

 

En toda sociedad con un mínimo de civilidad, los derechos humanos deben ser reconocidos como inherentes e intrínsecos a la persona, máxime cuando ésta se encuentra sometida a relaciones especiales de sujeción, que la sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad. En nuestra carta política se reconocen una serie de derechos como fundamentales, los cuales han sido ampliamente desarrollados por las altas cortes, entre ellos, encontramos la dignidad humana, la vida digna, la integridad personal, cuya protección cobra mayor entidad frente a las personas privadas de la libertad, respecto de quienes el Estado “tiene una obligación de resultado: devolver a la persona en el estado físico en que la recibió, sin perjuicio del deterioro natural del transcurso del tiempo” (Sentencia No. T-522 de 1992).

 

Esperamos que el trabajo que tiene en sus manos, sea socializado, compartido y ante todo, instrumentalizado, de tal forma que se convierta en una herramienta eficaz en el trasegar de quienes estando privados de su libertad, deben dar peleas titánicas y en real desventaja frente a las autoridades administrativas y judiciales, por el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

 

Por último queremos hacer un llamado a las Facultades de Derecho para que incluyan en el plan de estudios la cátedra de "Derecho Penitenciario" con el fin cualificar a las y los futuros abogados en la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.

 

 

ISBN: 978 - 958 -992044 - 2

1a. Edición, 1000 Ejemplares

AMBIGUO Y DECEPCIONANTE ACUERDO

 

-ITINERARIO PARA LA IMPUNIDAD DE CRÍMENES DE ESTADO-

 

 

Argentina no es Colombia, pero un crimen de lesa humanidad lo es allá como acá, como lo fue en Alemania, en la ex Yugoeslavia o lo es hoy contra el pueblo sirio o palestino. A las Madres de Plaza de Mayo les llamaban “locas”. Ellas persistieron. Pasaron años... Finalmente unos altos mandos militares fueron procesados... En el poder en Colombia hay quienes impiden que ni ese mínimo se pueda dar. Les asusta el fantasma del juicio a las juntas militares. Hay prototipos de otras transiciones de impunidad, como la española. Donde los herederos del franquismo continúan con la corrupción y el control político que les permite seguir saqueando y criminalizar hoy a la oposición... No. Nuestra perspectiva no es esa. Es de lucha más semejante a la de esas mujeres de la ronda de los jueves, “locas”, “derrotadas”, a las que nadie nunca podrá despojar de su amor eficaz, de su victoria moral, de su lucidez y de su dignidad...

 

 

Bogotá, febrero 16 de 2016

LA EXTRADICIÓN EN COLOMBIA

 

-INSTRUMENTO REPRESIVO Y MECANISMO DE IMPUNIDAD-

 

Primera Edición, Agosto 2015

 

Dedicado a todas las victimas que vieron partir la verdad con la extradición y a todos aquellos humildes a quien la extradición los despojó de su nación.

 

La extradición es una figura jurídica que ha tenido un fuerte impacto en la historia reciente de nuestro país, especialmente porque su aprobación o desaprobación ha significado la polarización de nuestra sociedad y ha dejado un sinnúmero de víctimas.

 

Si bien para los países anglosajones tal figura, desde la normatividad interna, no tenía mayores limitaciones, para nuestra tradición legislativa y jurídica era una práctica ajena. En los países de derecho continental, la no extradición de nacionales era considerada como un principio clásico que pretendía la protección de la soberanía nacional y la de sus ciudadanos, por considerar que les asistían mayores garantías procesales cuando eran juzgados ante los tribunales de su propio país, con sus propias leyes y en su mismo idioma, fue trasmitida a través de las legislaciones que iluminaron nuestras normas y costumbres judiciales.

 

MANUAL DE RECOMENDACIONES EN CASO DE CAPTURA

EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL

 2014

 

La presente cartilla de recomendaciones en caso de captura, allanamiento y judicialización arbitraria dentro del sistema penal acusatorio, pretende convertirse en una ayuda concreta que permita afrontar los procesos de judicialización que se adelantan por parte del aparato de justicia colombiano contra los sectores populares que se movilizan en todo el territorio nacional.

 

07 de Mayo de 2014

COLOMBIA:

 

PROTEGIENDO EL ACCESO A LA JUSTICIA

 

¨El informe de la Tercera Caravana Internacional de Juristas a Colombia 2012¨

 

 

Por Lucy Scott-Moncrieff - Presidenta del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales

 

Los derechos humanos son fundamentales para el trabajo que hacemos. Están al centro de la obligación de todo abogado hacía el público que sirve, siendo la piedra angular de la justicia, la libertad y la igualdad. De hecho, la primera línea en el Manual de los abogados para Inglaterra y Gales se lee: “Usted debe mantener el Estado de derecho y la buena administración de la justicia”.

 

La defensa del estado de derecho y la buena administración de la justicia son medios fundamentales a través de los cuales los derechos humanos fundamentales están protegidos – derechos que constituyen el marco para las sociedades democráticas, que consagran los derechos fundamentales que los ciudadanos deben esperar de otros ciudadanos y del Estado. El respeto y la confianza en tales derechos es esencial, si una sociedad está basada en la igualdad de oportunidades y proporciona la protección eficaz de sus ciudadanos contra la coerción, explotación y persecución.

 

 

21 de mayo 2013