VI INFORME A LA CORTE CONSTITUCIONAL: PERSISTE INCUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA T-282 DE 2014

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Los presos del Establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocido como la Tramacúa, y el Equipo Jurídico Pueblo, radicaron ante la Corte Constitucional, el VI Informe de seguimiento a la Sentencia T-282 de 2014, en el cual pese a reconocer avances en su cumplimiento por parte de las autoridades obligadas, evidencia que persiste un algo grado de carencias en materia de goce efectivo de derechos de la población reclusa.

Entre las conclusiones presentadas se destacan que a pesar de los cuantiosos recursos invertidos en materia de infraestructura, aún existen tres torres en las que no se han realizado obras tendientes a garantizar condiciones dignas de reclusión. A su vez, se advierte que en todos los pabellones continúan problemas de taponamiento y averío de cañerías y desagües, lo cual genera un ambiente insalubre y antihigiénico que afecta la salud y la dignidad de los detenidos.

El informe señala, que en las torres intervenidas, se presentan graves deficiencias, tales como filtraciones, humedad, goteo de agua sobre los camastros, levantamiento de la pintura, entre otras, que conlleva a un deterioro acelerado de la estructura en general. Sumado a ello, se evidencia que las celdas para las visitas íntimas no son abastecidas permanentemente con agua ni cuentan con suficiente ventilación; los pabellones no cuentan con lugares de juego para los niños y niñas visitantes, tampoco con ventiladores, por lo que el calor que se concentra es altamente sofocante. Los árboles que existían para resguardarse del clima, fueron talados.

Asimismo, se expone que el suministro de agua continúa siendo objeto de racionamiento. En las torres intervenidas, se abastece dos veces al día por espacio de una hora u hora y media, mientras que en aquellas donde no se han realizado las obras correspondientes (tres torres) se ofrece en menor cantidad y tiempo de aprovisionamiento; en éstas, los presos siguen arriesgando su vida para trasladar el agua a sus celdas y los baldes o recipientes para la recolección y almacenamiento del líquido se encuentran en mal estado y/o son insuficientes.

De otro lado se indica que la alimentación brindada a la población reclusa, no cumple con estándares de calidad y cantidad: Los gramajes fueron reducidos y muchas veces los alimentos se suministran en estado de descomposición.

Se destaca que la atención en salud sigue siendo una de las grandes deficiencias. El área de sanidad no cuenta con el equipamiento y la tecnología necesaria para atender urgencias vitales y cumplir con la demanda propia del establecimiento; el personal médico no es suficiente y no se observan a cabalidad los horarios de atención.  El informe presenta serias quejas que se basan en evidencia empírica, sobre la dudosa calidad de los procedimientos que se practican en el Hospital Rosario López Pumarejo a los reclusos, pues varias personas intervenidas en éste han sufrido procesos de infección que los ha llevado a la muerte.

De igual manera, se advierte que continúan presentándose casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre los que se destacan i) desnudez forzada y requisas intrusivas a los presos, ii) aislamiento prolongado, iii) Requisas intrusivas y devolución arbitraria de visitas; iv) Racionamiento de agua; v) Abuso en procedimientos de inspección a las celdas. A la preocupación por estas prácticas se suma la relacionada con la continuidad de un tratamiento penitenciario basado en el exceso restrictivo y una escasa valoración del impacto positivo de la familia y redes de apoyo del recluso en el proceso de preparación de la vida en libertad.

Ante estas y otras problemáticas que se detallan en el informe, se solicita a la Corte Constitucional una visita de verificación al Establecimiento, pero además se insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes que contribuyan en la superación del la violación sistemática de derechos humanos que se está presentando, entre las que se propone, la liberación de presos en fase de mínima seguridad con, enfermedades graves o en riesgo de sufrir perjuicios irreparables por falta de atención médica.

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